La violencia intrafamiliar suele reconocerse como toda acción u omisión cometida por algún miembro de la familia en relación de poder, sin importar el espacio físico donde ocurra, que perjudique el bienestar, la integridad física, psicológica o la libertad y el derecho al pleno desarrollo de otro(a) miembro(a) de la familia; abarca una amplia gama de abusos de distinta severidad en la que el femicidio o asesinato de mujeres constituye la manifestación más extrema de esta clase de violencia. La violencia intrafamiliar contra las mujeres sobrepasa toda clase de fronteras culturales, regionales, religiosas y económicas; afecta a todas las mujeres sin detenerse en límites de clase, raza, etnia, edad, religión o creencias, capacidad, nacionalidad o identidad sexual; y, mediante cambiantes relaciones de poder, quedan reestructuradas en los cuerpos cuyas realidades pueden ser analizadas, con nuevas interpretaciones, al hilo de las experiencias cotidianas, individuales y colectivas. Estos análisis, una vez incorporados en el campo de la salud, determinarán cambios en las respuestas sectoriales a las crecientes demandas de atención derivadas de estas expresiones de violencia. Atender y buscar soluciones de fondo para la violencia intrafamiliar y la violencia intrafamiliar contra las mujeres es una necesidad histórica y una demanda política sobre todo desde 1993, año en el que la Organización Panamericana de la Salud –OPS- reconoció que esta clase de violencia constituía un problema de salud pública. No obstante este reconocimiento internacional, y pese a la magnitud de una problemática que no solamente aqueja a las mujeres de todas las edades –incluye niños, personas mayores, personas con diferencias por discapacidades, sexualidad, etnicidad-, en el país apenas se han incorporado a la legislación nacional algunas recomendaciones internacionales y, por ende, las instituciones del sector salud han tenido una lenta respuesta a la compleja realidad vivida cotidianamente por miles de mujeres habitantes de campos y ciudades colombianas, sabiendo que ellas se limitan a consultar por las señales, los malestares o las dolencias físicas y emocionales producto de las historias violentas. Es una situación incomprensible si se tiene en cuenta que a las instituciones de salud acuden en primera instancia las personas agredidas por actos de violencia intrafamiliar, actos que atentan contra los derechos de mujeres, niños, niñas y personas adultas, desconocen las leyes que regulan y trascienden el mundo privado de la familia para emerger en el contexto de lo social, generando responsabilidades ineludibles para actores e instituciones sociales, comenzando por el Estado. Es una situación que reclama análisis detenidos para convertir a los itinerarios recorridos por las mujeres en el sector salud en espacios de revelación de una problemática que no cesa de crecer y hacerse visible; también en componente clave para la contención física y emocional de la realidad vivida por quienes recurren a la ruta crítica, ya que (…) las instituciones del sector salud tienen una respuesta desigual ante este problema y los resultados positivos obtenidos por algunas entrevistadas dependieron más de la buena voluntad y acciones individuales de algunas prestatarias del sector. En general, las instituciones de este sector fueron visitadas por las entrevistadas que buscaban ayuda específica para las lesiones y daños producto de la agresión, pero no como un recurso o apoyo para detener la violencia (Monserrat Sagot, 2000, p. 129). Ante todo, la ruta crítica como proceso que es, se va construyendo a partir de la secuencia de decisiones tomadas y acciones ejecutadas por las mujeres afectadas por la violencia intrafamiliar y las respuestas encontradas en su búsqueda de soluciones, con sus factores impulsores e inhibidores que intervienen en la dinámica misma del proceso; mientras el itinerario como secuencia temporal recoge los pasos recorridos por cada mujer en la búsqueda de atención a la violencia intrafamiliar. Un itinerario en el sector salud describe las instituciones y las personas que prestan servicios e intenta detallar los factores inhibidores o desestimulantes relacionados con la búsqueda de servicios o atención para recuperar la salud, abarca los modos de actuar frente a un episodio agudo de violencia pero puede llegar hasta la conclusión de actividades directamente asociadas con este episodio.