El cambio de sistema procesal penal que adoptó el legislador nacional con la Ley 906 del 2004, trajo consigo una nueva manera de dinamizar la participación procesal de quien sufrió las consecuencias de la conducta punible, que trascienden a aspectos como la iniciación del proceso penal, la suspensión, interrupción o cesación del mismo, la posibilidad de solicitar la práctica de pruebas destinadas a proteger sus intereses, la eventualidad de contar con un defensor de confianza, la de presentar alegatos que argumenten sus solicitudes o desacuerdos con las decisiones adoptadas al interior del proceso penal, el sistema de medidas por que puede optar con el fin de que le sea garantizada la eficacia de una futura sentencia condenatoria, etc. Este nuevo sistema procesal, fue expandido con la creación de un procedimiento penal especial aplicable a los desmovilizados de grupos armados ilegales al margen de la ley, instaurado con la Ley 975 del 2005. En ambos supuestos, se ha sostenido que uno de los cometidos principales es el de garantizar a la víctima sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. El proyecto de investigación que se presenta, pretende analizar la dinámica de la intervención de la víctima en tales procesos y determinar si en verdad ésta se encuentra rodeada de las garantías necesarias para poder alcanzar sus pretensiones y, en caso contrario, fijar las fisuras del los textos normativos, planteando las reformas legales o interpretaciones judiciales que sean necesarias, para adaptarse a los estándares internacionales de protección de los derechos de las víctimas.