En el proceso de solución política al conflicto armado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), se fueron generando distintas disidencias orientadas, no siempre, por una discusión política sobre los alcances del proceso, sus incertidumbres y logros, sino, en la mayoría de los casos, por un apego de comandantes a las dinámicas y privilegios de la guerra y a la poderosa economía de guerra construida alrededor de un portafolio de criminalidad, en la que sin la menor duda, los recursos más importantes provienen de actividades ilegales y del narcotráfico que sirven al sostenimiento de los grupos armados ilegales y, principalmente, hacia la construcción de procesos de acumulación criminal en complejas relaciones de privatización individual creciente y de inserción en las economías tradicionales.