--La instalación de la mesa de conversaciones de paz entre el Gobierno y las FARC-EP en noviembre de 2012, y anuncio de la fase pública de conversaciones con el ELN en 2016, son hechos de suma importancia en la posibilidad de encontrar una salida negociada al conflicto armado que ha afectado al país durante tantos años. Esta nueva esperanza de paz ha motivado la participación de diversos sectores sociales en ejercicios de deliberación y construcción de propuestas sobre muchos aspectos políticos, económicos y sociales cruciales para el país. Con la proximidad del inicio de la fase de implementación tras la firma de los acuerdos de paz, uno de los temas que más interés despierta, no solo al interior de las instituciones del Estado, sino también en diversos sectores sociales es el que tiene que ver con el rol de la Fuerza Pública en la construcción de paz. El Ejército Nacional por su parte, bajo la orientación del COTEF – Comando para la Transformación del Ejército del Futuro, inició recientemente un ciclo de diálogos territoriales con el propósito de escuchar a la sociedad colombiana sobre cuál debería ser el papel del Ejército en el proceso de fortalecimiento de condiciones de seguridad sostenibles en la construcción de paz; así mismo, el empresariado colombiano, organizaciones campesinas y diversas organizaciones sociales han planteado en diversos espacios de participación ciudadana, como los foros convocados por el PNUD y la Universidad Nacional, la necesidad de hacer una revisión de la doctrina que rige la Fuerza Pública, de su forma de operar y en general de los procesos de formación de sus efectivos que desarrollan las instituciones encargadas de velar por la seguridad y la convivencia. Tanto la institucionalidad del Estado como la sociedad en su conjunto son conscientes de la necesidad de mejorar los procesos de profesionalización y modernización de la Fuerza Pública buscando una mejor respuesta de instituciones como el Ejército y la Policía Nacional a los retos que impone la construcción de una paz estable y duradera. Este reto implica hacer las transformaciones necesarias no solamente en el campo operativo, sino también en la manera de concebir y atender los conflictos sociales. En el GISDE creemos que estas transformaciones dependen en gran medida de los ajustes a los lineamientos de la política pública de educación militar y policial que deben hacerse para que estas instituciones respondan de una mejor manera al mandato constitucional y por supuesto a los retos del post-acuerdo. De acuerdo con la Constitución Política uno de los aportes fundamentales de la educación a la paz es formar a los colombianos, lo cual incluye a soldados y policías, en el respeto de los derechos humanos, a la paz y a la democracia (Art. 67). Pues bien, hoy una de las grandes necesidades del país es la terminación del conflicto armado interno y la construcción de una paz estable y duradera. En consecuencia, la relación de la educación con la sociedad y la paz adquiere matices importantes que deben considerarse, no solamente por el hecho de que la Fuerza Pública es uno de los actores del conflicto, sino porque el mandato de la norma es claro, y los cambios políticos, económicos y sociales que se requieren para la consecución de la paz deben ser acompañados desde la academia.