El Estado Colombiano, con base en los principios de igualdad y transparencia, ha adoptado la estrategia de los procesos meritocráticos para garantizar los derechos de acceso a la educación superior pública y al empleo público como forma de participación en el control político. Desde la expedición de la primera norma que creó la carrera Administrativa en 1938 (Ley 165 de 1938) y el ingreso al país de algunos instrumentos para evaluar las diferencias individuales como soporte para toma de decisiones relacionadas con el acceso a la educación, de la mano de algunos académicos como Mercedes Rodrigo en 1939 (Hernández-Vargas, Valencia-Lara, & Rodríguez-Valderrama, 2003), el país ha ganado experiencia en el tema. En particular, a partir de 1991 cuando el tema fue elevado al orden constitucional y con la expedición de la Ley 909 de 2004, el uso de procesos meritocráticos se incrementó sustancialmente extendiéndolos a casi la totalidad de las entidades públicas, se han refinado los procesos, procedimientos e instrumentos y se despertó el interés por parte de las instituciones de educación superior por formar profesionales y fortalecer su infraestructura para participar en el desarrollo de estos procesos. En el ámbito académico, la meritocracia ha sido uno de las temáticas que ha generado más discusión desde diferentes disciplinas como la filosofía, la sociología, la ciencia política, la administración y la psicología. Algunos representantes más destacados de tales discusiones son Cociña (2013a, 2013b, 2013c), Dubet & Martuccelli (1996), Dubet (2011), Goldthorpe (2003) y Puyol (2000, 2007). Tales discusiones están sobre la mesa en un país que debe enfrentar los retos de la igualdad de oportunidades, que se hace más evidente en un escenario de posconflicto, lo cual incluye incorporar en el debate nacional a la población históricamente marginada debido a la larga guerra y brindar condiciones de participación a quienes se reincorporan a la vida civil. Es evidente entonces que Colombia requiere una política integral de meritocracia fundamentada en principios sólidos y que haga uso de los recursos y tecnologías disponibles. El liderazgo que la Universidad Nacional de Colombia ha tenido en el tema es indiscutible, lo que hace que hoy goce de reconocimiento social y se le otorgue confianza cuando propone o desarrolla procesos de selección basados en el mérito para diferentes entidades del Estado. Con la convicción de que el tema es de amplia trascendencia para el país en el actual momento histórico y de que la Universidad es por excelencia la entidad llamada a liderar la búsqueda de estrategias para la generación de dicha política, este proyecto propone la elaboración de una política pública integral sobre evaluación y meritocracia para el país. Para lograr este objetivo se propone la conformación de un Centro de Pensamiento con amplia participación de diferentes disciplina y entidades, siguiendo la metodología de los Think Tanks con un objetivo, una agenda con tiempo definido y unos productos alcanzables. Se planea realizar 8 seminarios de discusión con invitados internacionales y 8 sesiones de discusión del equipo de trabajo; los temas que se abordarán se organizarán en tres bloques: principios fundamentales de la meritocracia, Diagnóstico de experiencia nacional e internacional en procesos meritocráticos y generación de una política pública para el país.