La Corte Constitucional Colombiana ha tenido un protagonismo político y social sin precedentes desde el momento de su creación. La Corte ha intervenido en múltiples escenarios sociales tomando la vocería autorizada de interprete de la Constitución. Aunque sus facultades fueron establecidas en el texto constitucional, la interpretación de los derechos y de sus propias facultades como intérprete ha expandido su influencia en el sistema político. En efecto, la práctica de intervención mediante la adopción de decisiones judiciales no sólo se ha conservado sino que ha garantizado su supervivencia respecto a otros actores políticos que deben respetarla. Aún así, la Corte sigue reivindicando su su autoridad jurídica, su carácter de actor jurídico y así ha identificado a sus decisiones. Sin embargo, este fenómeno no era siguiera previsible en la filosofía política ni en los estudios políticos sobre el poder judicial, pues en ellos la pasividad del judicial y su reducida capacidad para afrontar problemas sociales era la regla que debía orientar el diseño de las instituciones y la conducta de los propios jueces. En últimas, según estas hipótesis clásicas, los jueces no deberían actuar como actores políticos ni tener la capacidad y autonomía que ellos tienen. En este contexto, la pregunta que surge es ¿Cómo la Corte Constitucional Colombiana ha incrementado su autonomía mediante la adopción de decisiones judiciales en sus 25 años de existencia?