La reciente expedición de la ley 1776 de 2016 (en adelante ley ZIDRES) contribuye a la implementación de un modelo de desarrollo rural volcado hacia los mercados externos. Este se encontraba en ciernes desde finales de la década del 80 cuando se iniciaron los procesos de apertura económica en el país, y fueron retomados desde el primer período de mandato del ex presidente Álvaro Uribe Vélez al promover la plena transición del sector rural colombiano. Semejante modelo de desarrollo rural implica una redefinición de la frontera agrícola colombiana, de los usos legítimos de los terrenos baldíos del Estado y de los mecanismos para garantizar el acceso progresivo de la tierra a los trabajadores rurales. Como tal, contradice el enfoque de la política de reforma rural integral para el campo como uno de los acuerdos políticos alcanzados por las partes negociantes en la Mesa de Conversaciones de La Habana. La expresión más tangible de esta contrariedad radica en la conformación de territorios productivos que pueden ser privilegiados por sobre la conformación de territorialidades étnicas, raciales y campesinas, así como los efectos que dicha prevalencia pueda tener en el desarrollo y consolidación de procesos de subjetivación posibilitados por los acuerdos de paz. El proyecto de investigación busca responder a las preguntas ¿Cómo afecta el modelo de desarrollo rural promovido a través de la Ley Zidres la libre determinación, la constitución de identidades y los correlatos territoriales de los pueblos étnicos, raciales y culturales? Y ¿Cómo se relacionan la ley Zidres, los acuerdos parciales sobre el tema rural de La Habana y los planes de vida de los pueblos étnicos, raciales y culturales? Bajo la hipótesis de que la creación de las áreas Zidres implica la caracterización de ciertas regiones geográficas del país como atrasadas, infértiles, improductivas, pobres, alejadas y poco pobladas (o vacías-baldías), que requerirían una acción para su recuperación/civilización. Semejantes denominaciones demarcan a partir de lo legal el universo de lo posible, que en este caso radica en la inserción económica de dichas áreas con base en un modelo de desarrollo rural al que le es inherente la constitución de una subjetividad productiva neoliberal precarizada que reafirmaría procesos de dominación y exclusión en estos territorios. Este proceso de subjetivación contraría las subjetividades políticas habilitadas y desarrolladas con fundamento en los avances de la constitución política de 1991 (pueblos étnicos), así como la emergencia y posible consolidación de una subjetividad campesina reconocida políticamente como fruto de la lucha del movimiento campesino en los últimos años. La afectación de estos procesos se facilita al priorizar el ordenamiento y uso del territorio con miras a la satisfacción de mercados externos, con fundamento en principios como eficiencia, productividad y competitividad, que conllevan la subordinación de las otras formas de territorialidad avaladas por la Constitución y reivindicadas por los pueblos étnicos y raciales y las comunidades campesinas. Esta subordinación implica un desconocimiento de parte del Estado de los procesos locales de construcción territorial y de procesos de confrontación armada por el control de dichos territorios. Como consecuencia, los resultados esperados con los acuerdos parciales de La Habana sobre la Política de Reforma Rural Integral estarían limitados por un modelo de desarrollo rural que les es opuesto.