El desarrollo sostenible es el reto más grande que enfrenta la humanidad hoy: ¿cómo garantizar calidad de vida a la población existente sin agotar los recursos naturales y sin comprometer a las generaciones futuras? Buscando resolver este dilema, y establecer metas que guíen los países hacia el desarrollo sostenible, Naciones Unidas ha definido 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS), que agrupan los principales retos y necesidades actuales [1]. Particularmente, el acceso a energía limpia (ODS 7) es uno de los objetivos con mayor impacto sobre la población, sobre el cambio climático, y sobre los demás ODS [2]. El acceso a energía permite suplir otras necesidades de la población, como educación, salud, capital financiero, entre otros. Sin embargo, proveer energía sin adecuada planeación puede tener impactos negativos sobre el medio ambiente y sobre la crisis climática. De hecho, mantener la temperatura global dentro de los rangos deseados requiere que la energía renovable aumente de un 23% hoy a más del 50% para 2050 [3]. Colombia tiene importantes necesidades de proveer energía limpia para la población. A pesar de que las emisiones totales de Colombia son menores al 0.5% de las emisiones globales, es necesario diversificar la matriz energética altamente dependiente de recursos tradicionales (termoeléctricas y grandes hidroeléctricas) y proveer electricidad en las Zonas No Interconectadas del país (ZNI). Es por esto que en la XXI Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21) Colombia se comprometió a incrementar la participación de fuentes no convencionales de energía renovable [4]. Como resultado, Colombia lanzó en 2014 la Ley de Energías Renovables (Ley 1715), en la que se otorgan beneficios tributarios para proyectos de energía renovable en todo el país, y se crean incentivos para ampliar la cobertura eléctrica en las ZNI, y remplazar las plantas con diesel existentes dichas zonas con altas emisiones de gases efecto invernadero (GEI) [5]. Los proyectos enmarcados dentro de esta ley han llevado a la instalación de nueva capacidad renovable principalmente en el SIN, con cerca de 1100 MW de capacidad eólica y 240 MW de energía solar planeados para entrar en operación antes del 2023, lo que equivaldrá aproximadamente al 10% de la capacidad instalada del SIN. Sin embargo, dicha instalación es aún muy baja comparada con el alto potencial del país; por este motivo, estudios recientes se han enfocado en el estudio de incentivos complementarios a la ley de energías renovables, que permitan acelerar la adopción de ER en el país (por ejemplo [6]–[8]). Además, la instalación en las ZNI ha sido limitado; la capacidad renovable en las ZNI alcanzó solo 7 MW en 2018, 3% de la capacidad total en estas zonas, mientras que el 97% se suple en su mayoría con combustibles fósiles. Más aún, dado que en estas zonas persisten deficiencias en otros ODS, como acceso a agua y saneamiento, educación de calidad, disminución de desigualdades, entre otros, es necesario analizar las alternativas a un suministro eléctrico sostenible desde una visión integral. Las ZNI requieren entonces especial atención; es por esto que el presente estudio se centra en el análisis de las ZNI.